Explotados en todas partes: trabajadores norcoreanos en Rusia y China
Cientos de miles de norcoreanos trabajan en Rusia y China en condiciones de extrema explotación, vigilados por un sistema de vigilancia que trasciende las fronteras.
28 DE NOVIEMBRE
NOTA INTRODUCTORIA: Con este artículo, continúo la trayectoria que inicié hace un mes con un artículo para AsiaNews (" Cuando los trabajadores de Pyongyang levantan la cabeza "), en el que destacaba las condiciones extremas en las que vive la clase trabajadora norcoreana. Este artículo amplía el primero porque, a pesar de la escala y la gravedad del fenómeno, el tema es prácticamente ignorado por los medios de comunicación. Cuando se habla de Corea del Norte, incluso por quienes deberían estar del lado de los trabajadores, casi siempre prevalecen los aspectos más grotescos del régimen, transformados en curiosidades para observar desde la distancia. Esta narrativa reduce a toda una comunidad al folclore y termina borrando lo que realmente define la vida de la gran mayoría de la población. Es importante recordar que los trabajadores norcoreanos no son, sin duda, un grupo marginal, sino casi la totalidad de la sociedad, excluyendo solo a unos pocos burócratas, el aparato de seguridad y un círculo muy reducido de empresarios. Hablamos de casi 25 millones de mujeres y hombres cuya existencia cotidiana está marcada por la explotación sistemática. Ignorar esta realidad significa aceptar una representación distorsionada de todo el país.
En esta nueva contribución, busco mostrar cómo las dinámicas de explotación no se limitan al territorio nacional, sino que toman una forma transnacional que involucra un sistema centrado en gobiernos, capitalistas y aparatos de seguridad, extendiendo el control mucho más allá de las fronteras de Corea del Norte.
La arquitectura del control transnacional
Cada día, decenas de miles de ciudadanos norcoreanos se despiertan en dormitorios abarrotados, repartidos por el este de Siberia y las provincias fronterizas con China, dispuestos a trabajar turnos de doce, catorce o incluso dieciséis horas. Trabajan en obras de construcción, en bosques, en astilleros y en fábricas textiles, transferidos de un sector a otro según las necesidades del momento y sin margen de elección. Los salarios, cuando se pagan, acaban casi en su totalidad en manos de intermediarios que actúan en nombre del régimen de Pyongyang, dejando a los trabajadores con sumas simbólicas que a menudo son insuficientes incluso para cubrir sus necesidades básicas. Privados de sus pasaportes, viven en un estado de absoluta dependencia, incapaces de decidir dónde vivir, con quién hablar o qué leer, mientras su vida cotidiana está marcada por reuniones de autocrítica e inspecciones inesperadas. Este sistema, que genera cientos de millones de dólares en divisas para Corea del Norte cada año, representa una de las formas más sofisticadas e invisibles de explotación laboral del siglo XXI. Pero reducirlo a una mera cuestión económica significaría desconocer radicalmente su naturaleza.
Lo que distingue a la mano de obra norcoreana en el extranjero de otras formas de explotación migratoria es su arquitectura de control. El régimen de Kim Jong Un no solo exporta mano de obra barata, sino que también extiende más allá de sus fronteras todo el aparato de vigilancia y represión que caracteriza a la sociedad norcoreana. Los trabajadores permanecen sujetos al control del Bowibu, el Ministerio de Seguridad del Estado, a través de una red de supervisores políticos que replican en el extranjero las estructuras del sistema inminban, las unidades de vigilancia vecinal que monitorean todos los aspectos de la vida cotidiana en Corea del Norte. Los supervisores desempeñan funciones esencialmente políticas, sin ningún rol productivo. Monitorean las comunicaciones con las familias en sus países de origen y denuncian cualquier comportamiento considerado anormal, manteniendo así un control constante sobre la vida de los trabajadores. Su presencia transforma los astilleros rusos y las fábricas chinas en puestos de avanzada extraterritoriales del control totalitario norcoreano.
La dimensión transnacional de este sistema se basa en una complicidad estructural con los países receptores. Rusia y China toleran y, en algunos casos, facilitan activamente estas prácticas, lo que les permite beneficiarse de una mano de obra disciplinada y de muy bajo coste. En Rusia, las autoridades de inspección laboral generalmente se abstienen de intervenir en obras de construcción donde operan norcoreanos, y cuando lo hacen, las infracciones documentadas rara vez tienen consecuencias concretas. La corrupción local y la voluntad política de mantener buenas relaciones con Pyongyang crean un clima de impunidad. En China, el panorama es diferente. Las autoridades chinas han desarrollado sofisticadas infraestructuras de vigilancia digital que aplican tanto a los norcoreanos que emigran ilegalmente como a los trabajadores enviados por Pyongyang a trabajar en su territorio, creando una red de control que sirve simultáneamente a los intereses de Pekín y a los del régimen norcoreano.
Esta convergencia entre el autoritarismo norcoreano y las tecnologías de vigilancia chinas representa quizás el aspecto más insidioso del sistema. Durante los últimos quince años, el gobierno chino ha construido uno de los sistemas de identificación y rastreo de población más avanzados del mundo, basado en tarjetas de identificación electrónicas, bases de datos biométricas nacionales, reconocimiento facial generalizado y aplicaciones de rastreo GPS. Al aplicarse a los norcoreanos en China, tanto refugiados como trabajadores legales, este sistema genera formas híbridas de control. Los agentes de Bowibu operan dentro del territorio chino, explotando la infraestructura de vigilancia local para identificar a posibles fugitivos, mientras que las autoridades chinas comparten información biométrica que hace prácticamente imposible que los norcoreanos se muevan libremente o cambien su identidad. El resultado es un panóptico transnacional en el que el control trasciende las fronteras nacionales y sigue a los trabajadores dondequiera que estén, transformando su condición en una forma de detención abierta que continúa incluso después de la repatriación o incluso después de que huyan a terceros países.
Los mecanismos de explotación económica
El funcionamiento económico del sistema laboral norcoreano en el extranjero se basa en una cadena de intermediarios que cruza fronteras y jurisdicciones, lo que dificulta la identificación precisa de responsabilidades. En la cima se encuentran las empresas estatales norcoreanas, a menudo vinculadas directamente a los órganos del Partido de los Trabajadores o a las estructuras militares, que ostentan el monopolio legal de la exportación de mano de obra. Estas entidades celebran contratos con contratistas rusos o chinos, contratando formalmente a los trabajadores, pero transfiriendo la mayor parte de los pagos directamente a sus homólogos norcoreanos. Los trabajadores firman contratos que estipulan salarios aparentemente acordes con los estándares locales, pero en realidad reciben solo una fracción del monto acordado. La retención varía entre el setenta y el noventa por ciento del salario nominal y se explica oficialmente en parte como una contribución voluntaria y en parte como cobertura de los costos de transporte y alojamiento. Lo que les queda a los trabajadores a menudo apenas alcanza para comprar alimentos y artículos de primera necesidad.
Esta extracción sistemática de valor se acompaña de condiciones laborales que violan todas las normas internacionales. Las jornadas laborales suelen superar las doce horas diarias, llegando a menudo a las dieciséis en horas punta. En el sector de la construcción ruso, donde se concentra la mayor parte de los trabajadores norcoreanos, los turnos se extienden ininterrumpidamente durante semanas o meses, interrumpidos únicamente por descansos para dormir y comidas frugales. La ausencia de días de descanso es la norma, con raras excepciones relacionadas con las festividades norcoreanas, durante las cuales, no obstante, se exige a los trabajadores participar en ceremonias de estudio ideológico. Los lugares de trabajo presentan altos riesgos de seguridad, con equipos obsoletos, escasa formación en prevención de accidentes y equipos de protección individual inadecuados. Los accidentes son frecuentes, pero rara vez se documentan, y cuando un trabajador sufre una lesión grave, simplemente se le repatria sin dejar constancia oficial.
La estructura contractual está diseñada para maximizar el control del régimen norcoreano sobre los flujos financieros. Los pagos nunca llegan directamente a manos de los trabajadores, sino que se canalizan a través de supervisores políticos o se ingresan en cuentas bancarias controladas por empresas estatales norcoreanas. Cuando los trabajadores reciben su parte, suele ser en efectivo durante distribuciones colectivas celebradas en presencia de supervisores, lo que convierte el pago en un acto público sujeto a control social. Algunos trabajadores logran acumular pequeñas sumas mediante trabajo extra los fines de semana o vendiendo artículos, pero incluso estos ahorros son vulnerables a la confiscación arbitraria. El sistema está diseñado para evitar cualquier acumulación de fondos personales que pueda financiar intentos de fuga o crear márgenes de autonomía respecto de las estructuras de control.
Las sanciones internacionales impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en particular la Resolución 2397 de 2017, que exigía la repatriación de todos los trabajadores norcoreanos en un plazo de veinticuatro meses, han modificado este sistema, pero no lo han eliminado. En Rusia, donde antes de las sanciones se estimaba que había cincuenta mil trabajadores norcoreanos, que generaban ingresos anuales de entre ciento veinte y doscientos millones de dólares, el número oficial de permisos de trabajo ha disminuido drásticamente. Sin embargo, la aplicación de la resolución ha sido irregular y ha estado acompañada de mecanismos de elusión. Algunos trabajadores han sido repatriados formalmente, solo para ser reintroducidos con visas de turista o documentos falsificados. Otros han sido transferidos en virtud de contratos triangulares con empresas de terceros países, lo que oculta su verdadera nacionalidad. En China, la situación es aún más compleja, ya que muchos norcoreanos trabajan en zonas fronterizas donde los controles son deficientes y la distinción entre trabajadores regulares, trabajadores ilegales y refugiados es extremadamente difusa.
La principal diferencia entre ambos contextos reside en la visibilidad del fenómeno. En Rusia, los trabajadores norcoreanos suelen trabajar en obras de construcción urbanas o suburbanas, potencialmente expuestos a interacciones con la población local o los sindicatos. Sin embargo, esta visibilidad teórica choca con las barreras lingüísticas y la intimidación sistemática que impiden cualquier forma de denuncia o búsqueda de ayuda. En China, los trabajadores suelen estar confinados en zonas rurales o industriales controladas, donde la vigilancia es menos visible pero más generalizada. La integración del sistema de control chino y el aparato represivo norcoreano crea condiciones de control total en China que, a pesar del autoritarismo del régimen de Putin, aún no se han replicado plenamente en Rusia. El resultado es una situación en la que la aparente mayor apertura no se traduce en mayores oportunidades para escapar de la explotación.
El aparato de vigilancia y el control social
La confiscación de documentos de identidad es el método más básico, pero efectivo, para restringir la libertad. Al llegar al país de acogida, los trabajadores entregan sus pasaportes a supervisores o representantes de empresas estatales norcoreanas y no se les permite volver a verlos hasta su repatriación. Esta práctica, justificada formalmente como medida de seguridad para evitar pérdidas, imposibilita cualquier movimiento independiente. Sin pasaporte, un norcoreano no puede alojarse en hoteles ni comprar billetes de tren o avión. La restricción física de movimiento va acompañada de normas explícitas sobre el confinamiento en lugares de trabajo y residencias. Los trabajadores suelen ser alojados en dormitorios construidos dentro de las propias obras o en instalaciones aisladas a las que solo se puede acceder mediante medios de transporte controlados por sus empleadores. Las salidas están estrictamente reguladas, permitidas solo en grupos acompañados por supervisores y limitadas a horarios y lugares preestablecidos. Incluso con autorización formal para desplazarse, los trabajadores saben que cualquier desviación de la ruta establecida o retraso en el regreso resultará en interrogatorio y castigo.
El sistema punitivo se basa principalmente en un repertorio de sanciones económicas y amenazas dirigidas tanto a los trabajadores como a sus familias en Corea del Norte. La violencia física directa, si bien presente en algunas circunstancias, desempeña un papel más marginal. Las multas por infracciones disciplinarias se deducen de la ya exigua parte del salario de los trabajadores, reduciéndolas aún más o eliminándolas por completo durante períodos prolongados. Las infracciones graves, como la posesión de materiales prohibidos o el contacto no autorizado con extranjeros, pueden dar lugar a una repatriación anticipada. Esta medida, que puede parecer una liberación, en realidad es temida porque el régimen interpreta el retorno prematuro como un fracaso o una insubordinación, con consecuencias que recaen sobre toda la familia del trabajador, que corre el riesgo de ser degradada en el sistema de clasificación social songbun o de sufrir discriminación generalizada en el acceso a la educación y el empleo. No es necesario que la amenaza se haga explícita continuamente, ya que todo trabajador conoce perfectamente estos mecanismos y los ha interiorizado incluso antes de salir de Corea del Norte.
En China, este sistema de control tradicional se fusiona con la infraestructura de vigilancia digital que el gobierno de Pekín ha desarrollado en los últimos quince años. Cuando los norcoreanos, ya sean refugiados o trabajadores regulares, entran en contacto con las autoridades chinas, se someten a procedimientos de registro que incluyen la toma de huellas dactilares, fotografías faciales, muestras de ADN y escaneos de iris. Esta información fluye a los archivos digitales del sistema Yi Biao San Shi, que rastrea la identidad, el lugar de residencia y la unidad de trabajo de cada individuo con datos verificados. Para los trabajadores norcoreanos empleados legalmente en China, este registro se realiza formalmente mediante los trámites de visa de trabajo, pero la información recopilada va mucho más allá de lo necesario para fines administrativos ordinarios.
La vigilancia digital diaria se manifiesta a través de tecnologías específicas que transforman los teléfonos inteligentes en dispositivos de rastreo permanente. Las autoridades chinas exigen la instalación de aplicaciones como Yuandao Jingwei Xiangji, una cámara que marca automáticamente cada imagen tomada con la fecha, la hora, las coordenadas GPS, la altitud y el número IMEI del dispositivo. Los trabajadores norcoreanos sometidos a este régimen deben enviar selfis geolocalizados a través de WeChat a diario, demostrando que se encuentran en la ubicación autorizada. La aplicación también instala software espía que continúa transmitiendo la ubicación del dispositivo incluso después de haber sido aparentemente desinstalado. Se instalan cámaras de circuito cerrado en los dormitorios para vigilar patios y entradas, mientras que las comunicaciones a través de la aplicación WeChat, esencial para quienes viven en China, están sujetas a un monitoreo sistemático. Este sistema genera lo que los expertos en vigilancia denominan autovigilancia internalizada. Los trabajadores saben que están siendo observados constantemente, incluso cuando no pueden ver al observador o cuando no se está observando realmente. Esta conciencia altera profundamente el comportamiento, induciendo limitaciones voluntarias de movimiento y autocensura en las conversaciones. El resultado es una forma de control que no requiere supervisión física constante porque trabaja directamente sobre la psique de los sujetos controlados, transformándolos en cómplices involuntarios de su propia opresión.
Complicidad internacional y convergencias autoritarias
La persistencia del sistema de trabajo forzoso de Corea del Norte en el extranjero no sería posible sin la cooperación activa ni la aquiescencia deliberada de los gobiernos anfitriones. En Rusia, esta complicidad adopta diversas formas, desde la corrupción local hasta la indiferencia institucional. Las autoridades regionales del Lejano Oriente ruso, donde se concentra la mayoría de los trabajadores norcoreanos, dependen financieramente de esta mano de obra para completar proyectos de infraestructura que, de otro modo, serían demasiado costosos o imposibles de completar a tiempo.
En China, la dinámica es diferente, ya que el control no es ocasional, sino altamente estructurado. La política china hacia los norcoreanos en su territorio forma parte de un marco más amplio para la gestión de poblaciones extranjeras vulnerables. El gobierno chino ha desarrollado sofisticadas políticas de gestión dinámica para las llamadas novias extranjeras ilegales, mujeres traficadas desde Vietnam, Myanmar o Laos que han formado uniones de hecho con hombres chinos en zonas rurales. Estas mujeres son registradas, sujetas a toma de datos biométricos y monitoreadas mediante visitas domiciliarias regulares y la obligación de presentar informes, en un sistema que equilibra la tolerancia selectiva de su situación irregular con un control minucioso de sus movimientos. El mismo modelo se aplica a las mujeres y hombres norcoreanos, creando una forma de gestión que el régimen chino clasifica no como represiva, sino como administrativa. Para Pekín, se trata de mantener la estabilidad social en las regiones fronterizas y preservar las buenas relaciones con un aliado estratégico. Para Pyongyang, esta infraestructura de control china se convierte en una herramienta que el Bowibu puede explotar para extender su alcance represivo más allá de las fronteras nacionales.
La colaboración entre los aparatos de seguridad norcoreanos y chinos alcanza niveles de integración particularmente profundos. Los agentes de Bowibu operan abiertamente en territorio chino, a menudo encubiertos como taxistas en ciudades fronterizas o intermediarios comerciales, utilizando sus posiciones para identificar a posibles fugitivos o reclutar informantes entre los norcoreanos presentes en China. Las autoridades chinas comparten la información biométrica de sus bases de datos, lo que permite la rápida identificación de norcoreanos incluso cuando utilizan documentos falsificados. Este intercambio crea situaciones paradójicas donde los mismos registros que algunos refugiados habían realizado con la esperanza de obtener protección o estatus legal se convierten en herramientas que les impiden eludir la vigilancia. Lo que finalmente emerge es un sistema trilateral donde cada régimen extrae beneficios específicos de la misma población vulnerable: el régimen norcoreano obtiene divisas y la proyección extraterritorial de su control, mientras que Rusia y China adquieren mano de obra disciplinada a un coste mínimo, a la vez que fortalecen sus lazos con Pyongyang. Los trabajadores existen simultáneamente como recursos económicos, sujetos de vigilancia e instrumentos de relaciones diplomáticas, reducidos a mercancías fungibles en un sistema que los trata como objetos de explotación dondequiera que se encuentren.
(Fuentes: Dos informes publicados este año por el Centro de Base de Datos de
Derechos Humanos de Corea del Norte (NKDB), “Represión transnacional y explotación de trabajadores norcoreanos en Rusia” y “Atrapados en la red: la vigilancia digital de China a los refugiados norcoreanos”; artículos publicados por Daily NK, Radio Free Asia y Diplomat)